La gestión curricular en una Escuela Profesional universitaria exige no solo la participación de docentes, estudiantes y egresados en su planificación y evaluación, sino además una visión de futuro sobre la base de la propia experiencia. La experiencia reciente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional del Altiplano nos trae varias reflexiones sobre ello.
El año 2000 se aprobó la malla curricular de la Escuela Profesional de Derecho en Consejo de Facultad estableciéndose un sistema lectivo semestral que sustituía el Plan de Estudios Rígido con un sistema lectivo de asignaturas anuales y algunas asignaturas semestrales. No obstante esta malla sirvió de base para las matriculas durante dos semestres no se había aprobado ni discutido el perfil profesional, los fundamentos, estrategias y reglamentos necesarios para su ejecución. Es así que bajo el auspicio el Vicerrector Académico Dr. Fernando Cáceda Díaz empiezan los talleres curriculares de los años 2000 y 2001 en los cuales se discute el Nuevo Plan de Estudios entre docentes y estudiantes. La modificación de materias en el I y II semestre hizo necesario una régimen especial de convalidaciones el año 2006 a efectos de subsanar la primera aprobación de la Malla curricular original. Esto nos dió una primera enseñanza: Una malla curricular que se asume como listado de asignaturas no es un Plan Curricular, no obstante tenga asignaturas novedosas o consistencia lógica.
Hacia el año 2003 el Plan de Estudios iniciado el año 2000 aun no había sido aprobado. En el V y VI semestre de estudios se estableció una diferenciación entre asignaturas electivas y asignaturas de orientación. Ello originó un nuevo problema entre la necesidad de atender requerimientos de formación a los estudiantes, ofrecer orientaciones de futuro desempeño profesional y además, establecer hasta donde teníamos una “capacidad instalada” para ejecutar el Plan de Estudios. Las asignaturas electivas tienen su sustento en la libertad de selección del estudiante para responsabilizarse y participar en su propia formación, lo cual exige una variedad e asignaturas de alto nivel de especialidad y una plana docente amplia. Por otra parte, tenemos que las orientaciones de formación profesional exigen un núcleo de materias que serian exigibles únicamente para la orientación. Ante la limitación de la infraestructura que se limitada a 6 aulas y los problemas de una plana docente amplia (20 docentes nombrados y 14 docentes contratados) cuya ampliación esta limitada por medidas de austeridad del presupuesto público, la decisión fue establecer la prioridad de materias obligatoria por orientación. El Plan de Estudios iniciado el año 2000 tuvo que cambiarse a medio ejecutar y solo ha quedado la posibilidad de asignaturas electivas en el V semestre de estudios, pasando desde entonces aun sistema de cursos “obligatorios” por orientación, lo cual significa que el Plan de Estudios tuvo que asumir con realismo una opción de “rigidez”. La segunda enseñanza fue obvia, un sistema de asignaturas elegibles solo puede ser desarrollado sobre una inversión en materia de infraestructura e incremento de docentes. La selección de docentes y la determinación de materias a luz de esta experiencia nos merece una reflexión que la haremos en adelante.
El año 2006 un conflicto entre tres docentes por asumir la carga académica de las asignaturas de Práctica Externa nos hizo advertir un nuevo problema. La carta descriptiva de estas materias orientaba al reforzamiento de las prácticas pre-profesionales de los estudiantes que terminó siendo una serie de sesiones de revisión de informes de actividades sin contenidos vinculados a la práctica forense misma, en el mejor momento los estudiantes exponían un caso en forma calificada. Ello motivo establecer una estrategia de distribución equitativa de materias y exigir sesiones presenciales. Aquí encontramos una de las mayores debilidades de la formación profesional, las materias no obstante estar desarrolladas para el logro de competencias venían siendo dictadas en forma tradicional en la mayor parte de los casos enfatizando los conocimiento teóricos y los curso de práctica no tenían la solidez necesaria para desarrollar competencias forenses especificas para la formación del futuro profesional del derecho. Esto exigía revisión de las cartas descriptivas de todas las asignaturas y el proyecto final no fue aprobado sino hasta el año 2007.
Desde el año 2006 se hace la exigencia de autoevaluación en todas las Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional del Altiplano, la misma que se ejecuta el año 2007 y que nos da resultados importantes al hacer la consulta a estudiantes y egresados.
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